Proyecto para garantizar el trato digno a usuarios y consumidores

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San Vicente .: El bloque de concejales del Frente para la Victoria-PJ presentó un proyecto de ordenanza sobre “trato digno y equitativo” de parte de los proveedores hacia los usuarios y consumidores que realizan gestiones en las instalaciones comerciales del partido de San Vicente, especialmente en las entidades bancarias o sucursales de pago.

Para la redacción de esta propuesta legislativa, los ediles se basaron en la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”. Además, establece que tales conductas serán pasibles de las sanciones y multas estipuladas.

Precisamente, entre sus considerandos, el proyecto municipal acusa que hay numerosos reclamos de parte de los vecinos sanvicentinos en relación a la atención que reciben en, por ejemplo, el Banco Provincia, donde “padecen largas esperas que en muchos casos provocan situaciones caóticas como es el hecho de esperar parado durante horas para recibir la atención correspondiente”.

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Pereyra, Mantegazza y Di Sabatino.

Con el espíritu de revertir estas situaciones, el proyecto hace referencia a las “prácticas abusivas” o contrarias a la ley 24.240, y las describe, entre otras cosas, como aquellas en las que la atención al público implique “una espera mayor a 60 minutos, incluso cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias disponibles y el orden de atención sea según ticket numerado”.

Asimismo, el plazo de espera deberá ser de no más de “30 minutos en caso de personas mayores a los 65 años de edad, discapacitados que realicen trámites en forma personal y mujeres que mediante la certificación correspondiente acrediten estar embarazadas”. En ese mismo sentido, será también considerado abusivo que los clientes tengan que esperar en el exterior del local o institución, a la intemperie o en condiciones climáticas adversas.

En esa misma línea, en el artículo 7 del proyecto de ordenanza se determina que “en todos los lugares destinados a la atención al público será obligatorio: a) Otorgar prioridad y preferente atención a las mujeres embarazadas, a las personas mayores de 70 años y a los discapacitados que realicen trámites ante ellos en forma personal; b) Garantizar que toda persona que ingrese al lugar dentro del horario establecido para la atención del público sea atendida”.

Otra práctica observada como contraria al respeto de los derechos de usuarios y consumidores será “la falta de sanitarios de acceso libre y gratuito para quienes concurren a instituciones bancarias públicas y privadas y todos aquellos lugares habilitados para pagos, cobros y/o trámites”, excepto los locales comerciales.

Bajo estos conceptos, las instituciones públicas y privadas contempladas en esta ordenanza municipal deberán adaptar sus instalaciones en un plazo de seis meses a partir de la promulgación; los sanitarios deberán estar visiblemente señalados y accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida; y será obligatorio exhibir en lugares visibles un cartel con la leyenda “Señor usuario o consumidor, usted tiene derecho a saber que…”, explicando los puntos más relevantes de la ordenanza y aclarando el número de la misma, junto a los medios, direcciones y teléfonos para realizar las denuncias correspondientes en caso de malos tratos.

Con respecto a este último punto, el proyecto dice en su artículo 3 que, ante prácticas contrarias al trato digno, “el consumidor podrá denunciar la infracción en el libro de quejas de la entidad y utilizar los demás canales habilitados para denuncias en el Departamento Ejecutivo”, el cual funcionará como Autoridad de Aplicación e iniciará, mediante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), las actuaciones administrativas de oficio o por denuncias.

Otras normativas en las que se apoya la iniciativa son la Convención Constituyente de 1994, que otorgó rango supra legal a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores; el artículo 42 de la Constitución Nacional; y el Código de Prácticas Bancarias.

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