Vecinos de un barrio privado sanvicentino denuncian haber sido estafados por los desarrolladores.

Habitantes de Bosque de San Vicente pidieron una entrevista con el intendente Mauricio Gómez para determinar si son un barrio cerrado o abierto.

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San Vicente .: Los propietarios de viviendas del barrio Bosque de San Vicente pidieron una audiencia al intendente Mauricio Gómez para que intervenga en la solución de las irregularidades en las que incurrieron los desarrolladores del proyecto inmobiliario y el gobierno municipal anterior al venderles las parcelas dentro de un predio que decía ser “privado” y que, sin embargo, parte de él está emplazado en espacios considerados “públicos”, lo que acarrea confusos inconvenientes en relación a la urbanización.
También conformaron una asamblea y formularon propuestas.

El predio privado alberga a cien familias y está ubicado entre las calles French, Don Segundo Sombra, Avellaneda y Chubut, en San Vicente. Además, está atravesado por las calles Mitre y La Pampa, que es uno de los principales problemas debido a que la empresa desarrolladora las cedió al Municipio -aún no se sabe cómo- como calles públicas.

Según consta en el folleto publicitario, el desarrollador es Gregor Emprendimientos Inmobiliarios, la comercialización la realizó Ismael Wallace Inmuebles, el proyecto y dirección están a cargo del estudio de arquitectura de José M. Gómez y Asociados y del estudio de Pretti y Asociados, y la construcción la llevó a cabo Pretti y Asociados.

Habría que estudiar cuánto se pudo haber involucrado y de qué forma la administración del anterior intendente, Daniel Di Sabatino, en la autorización y posterior concreción de este emprendimiento que no es más que un fraude “para todos y todas”, ya que también afecta en gran medida a los vecinos de los barrios comunes aledaños.

La estafa
En la nota enviada a Gómez, los vecinos de Bosque de San Vicente afirman que la nueva administración del Estado municipal detectó las “incongruencias” con respecto a esta urbanización, lo que permitió que ellos también tomaran conocimiento de las mismas, es decir, de que no viven en un barrio privado sino en una propiedad horizontal (PH).

En ese sentido, explicaron que las amenities correspondientes (SUM, pileta, juegos infantiles y demás), las calles internas La Pampa y Mitre y el espacio verde común no pertenecen a la urbanización privada, ya que son sectores que fueron cedidos por los desarrolladores a la comunidad. Asimismo, el portón automatizado de cortesía (abonado por los propietarios) está emplazado también sobre calle pública (La Pampa) y veredas municipales. Por esos motivos es que no se puede cerrar totalmente el lugar con tabiques premoldeados para protegerse de “la inseguridad”, precisan.

Tales irregularidades condujeron a que los vecinos de Bosque de San Vicente hayan tenido que -desde 2010 hasta la fecha- pagar costos sobrevaluados por más del 300 por ciento, sumado a los intereses, para gastos de recolección de residuos, mantenimiento de calles, ejecución de alcantarillados, desagües pluviales y tendido de alumbrado público, por lo cual exigen el resarcimiento correspondiente.

“Consideramos haber sido estafados por Desarrolladora y Comercializadora”, denuncian, y señalan que por eso decidieron conformar una asamblea y “tomar las medidas necesarias para recuperar lo comprado y pagado de buena fe, conforme a restablecer el estatus de barrio privado”.

Las propuestas
En todo este contexto y para dar solución a la situación, los propietarios del complejo habitacional formularon algunas propuestas dirigidas a las autoridades municipales, como por ejemplo, que aceptan no reclamar los montos sobrevaluados que abonaron durante todos estos años ni sus intereses, a cambio de que el Estado municipal restituya a la urbanización las calles Mitre y La Pampa en perfectas condiciones de transitabilidad y con alcantarillados, cunetas y desagües pluviales óptimos para todo el predio.

Por otra parte, sugieren que los “Espacios Comunes” (así los adquirieron) que ahora figuran como “Espacio verde y libre público” sean restituidos a los propietarios, y de no ser posible, proponen armar allí una asociación civil y que el Municipio, asesorándolos en su gestión para obtener el reconocimiento municipal y la posterior personería jurídica, ceda los terrenos en cuestión.

También aceptarían seguir contribuyendo con los impuestos municipales con los mismos parámetros de valor, pero adecuándolos a las superficies de las parcelas (300 metros cuadrados cada una), a sabiendas de que en otros barrios privados, countries y clubes de campo del distrito pagan montos similares por parcelas mayores (por ejemplo, de mil metros cuadrados).

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